- El Senado de México propone los Activos Virtuales Estables (AVE) como figura legal para tokens privados referenciados al peso
- La propuesta, inspirada abiertamente en la Ley GENIUS de Estados Unidos, busca que México hable «el mismo idioma» que sus socios comerciales en materia de pagos digitales
El Senado mexicano tiene sobre la mesa la propuesta legislativa más significativa en materia de activos digitales desde la Ley Fintech de 2018. El senador Alejandro Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reformaría y adicionaría disposiciones de diez ordenamientos del sistema financiero mexicano para establecer un régimen prudencial específico para los denominados Activos Virtuales Estables Referenciados en Moneda Nacional (AVE), más conocidos como stablecoins en pesos.
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El proyecto define a estos instrumentos como medios de pago digitales sin curso legal, con paridad 1:1 respecto al peso y convertibilidad inmediata garantizada. Solo podrán emitir, administrar y ofrecer AVE al público las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las instituciones de crédito que cuenten con autorización previa del Banco de México.
Un modelo inspirado en GENIUS
En el marco de la Stablecoin Conference 2026, Murat señaló abiertamente que la iniciativa es a imagen y semejanza de la Ley GENIUS promulgada en Estados Unidos, argumentando que en el contexto de la renegociación del T-MEC, esta es una oportunidad para alinear la regulación entre los países socios en materia de pagos digitales. «Lo único que agregamos fuera de la Ley GENIUS es la parte de las sanciones», precisó el legislador.
Murat explicó que la propuesta toma como referencia directa el marco estadounidense dado el nivel de integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá: «Tenemos que estar alineados a esa legislación para hablar el mismo idioma».
Arquitectura regulatoria: cuatro autoridades involucradas
La iniciativa distribuye responsabilidades entre distintos reguladores. El Banco de México concentraría las atribuciones de autorización, reservas y convertibilidad; la CNBV supervisaría operación, infraestructura tecnológica y ciberseguridad; la Secretaría de Hacienda participaría en la prevención de lavado de dinero; y la Condusef atendería la protección al consumidor, reclamaciones y publicidad.
En cuanto a las reservas, la propuesta es estricta: quedan expresamente prohibidos el gravamen, la compensación o la reutilización de las reservas para fines distintos a garantizar la convertibilidad. En caso de insolvencia del emisor, esos fondos no formarían parte de la masa concursal y se aplicarían preferentemente a la redención en favor de los tenedores.
Sanciones penales para emisión no autorizada
La iniciativa incorpora un tipo penal específico: se impondrían de cinco a quince años de prisión y multas de hasta cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien emita AVE sin autorización, disponga indebidamente de las reservas, proporcione información falsa sobre su suficiencia u obstaculice la supervisión de las autoridades.
Contexto de mercado
En América Latina, las stablecoins ya superan a Bitcoin en función transaccional, concentrando el 40% del total de compras de criptoactivos; en México, esa cifra alcanza el 36%. El propio Banxico había advertido sobre el crecimiento del fenómeno en su Reporte de Estabilidad Financiera de diciembre pasado, destacando el papel de las stablecoins en el envío de remesas.
El proyecto se plantea por ahora como un esquema conservador, limitado al sistema de pagos, con la idea de escalar gradualmente conforme se genere confianza en el sistema. Antes de llegar al Diario Oficial de la Federación, la iniciativa deberá pasar por el dictamen en comisiones y la aprobación de ambas cámaras.
