- Colombia le pone fecha a las medidas antifraude: desde el 30 de octubre, los SMS y llamadas quedan bajo escrutinio
- ¿El problema? La mayoría de las entidades financieras no opera directamente sus canales de SMS y voz: delega esa infraestructura en agregadores tecnológicos
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia expidió la Resolución 8308 de 2026, que obliga a los operadores móviles a advertir comportamientos sospechosos, reconocer comunicaciones comerciales y verificar quién está detrás de los mensajes enviados por bancos, comercios, plataformas y entidades públicas. La norma responde a un problema que ya no es marginal: las reclamaciones por fraude asociado a llamadas y mensajes superan los $252 millones de pesos diarios, y ese valor se triplicó entre 2022 y 2024.
El cronograma es concreto. Desde el 30 de octubre, los usuarios podrán identificar llamadas sospechosas o publicitarias antes de contestar, y los operadores deberán bloquear comunicaciones originadas desde numeraciones irregulares. En la práctica, eso implica que las líneas usadas hoy para OTP, alertas de fraude o campañas comerciales bancarias tendrán que estar formalmente registradas y trazadas, o corren el riesgo de quedar bloqueadas o etiquetadas como sospechosas frente al usuario final.
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Punto de fricción
Para la banca y las fintech, el punto de fricción no está en la norma en sí, sino en la cadena de terceros que hoy gestiona esos envíos. La mayoría de las entidades no opera directamente sus canales de SMS y voz: delega esa infraestructura en agregadores tecnológicos. La resolución convierte a esos proveedores en un eslabón regulado, lo que obliga a las entidades financieras a auditar contratos, flujos de mensajería y mecanismos de verificación de origen —algo que hasta ahora quedaba fuera de su radar de cumplimiento directo.
El efecto de segundo orden es de mercado: los bancos y fintech con operaciones más grandes van a concentrar el negocio en pocos agregadores con trazabilidad y respaldo regulatorio claros, dejando a los proveedores más chicos o informales frente a la disyuntiva de integrarse a estándares más exigentes o perder clientes. Y como la lógica de fondo —smishing y vishing financiero creciendo más rápido que la capacidad de respuesta regulatoria— no es exclusiva de Colombia, no sería raro que otros reguladores de la región (Perú, México, Argentina) miren de cerca este precedente antes de que termine 2026.
