- El 68% de los usuarios finales en América Latina fue víctima de fraude en 2025
- Casi uno de cada tres recibió una propuesta para mover dinero ilícito.
- Los datos de este informe muestran que el costo real del fraude en América Latina no lo absorben los sistemas: lo absorbe el consumidor
Cuando se habla de fraude de identidad en América Latina, el debate suele girar en torno a las empresas: sus tasas de detección, sus inversiones en tecnología, sus obligaciones regulatorias. Es una conversación necesaria. Pero hay otro actor en esta historia que aparece poco en los titulares y que carga con el peso más directo: el usuario final.
Los datos de la Encuesta sobre Exposición al Fraude 2025 de Sumsub, realizada sobre más de 1.200 consumidores de la región— ofrecen un retrato que incomoda. No porque los números sean abstractamente grandes, sino porque son concretos y cotidianos.
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SUMSUB
El 68% fue víctima. En un año.
Ese es el dato de partida. Más de dos tercios de los usuarios finales encuestados en América Latina declararon haber sido víctimas de fraude al menos una vez durante 2025. No es una cifra acumulada histórica ni una proyección. Es lo que pasó en doce meses.
Para ponerlo en perspectiva: en el mismo período, el 43% de las empresas de la región declaró haber sufrido fraude. El consumidor individual, con menos recursos, menos herramientas y menos información, está más expuesto que las organizaciones que se dedican profesionalmente a prevenirlo.
Las formas del fraude
El tipo de fraude más frecuente entre los consumidores no fue el robo bancario directo, aunque ese también aparece. El dato más llamativo es que el 63% de quienes fueron víctimas sufrió el hackeo de una cuenta en redes sociales. Es el vector más común de apropiación de identidad en la región: no hace falta vaciar una cuenta bancaria para causarle daño a alguien. Basta con tomar el control de su identidad digital.
A partir de ahí, el daño escala: el 43% sufrió robo de dinero de su cuenta bancaria o tarjeta. El 16% tuvo comprometida su información médica o de seguro de salud — un tipo de fraude que suele subestimarse pero que puede tener consecuencias graves y duraderas. El 11% fue engañado para enviar dinero en el marco de una relación falsa por internet, lo que el informe categoriza como estafa romántica. Y el 10% perdió el acceso a cuentas gubernamentales.
¿Cómo entran?
Cuando se les preguntó a los consumidores qué creen que causó el incidente, la respuesta más frecuente fue phishing, señalado por el 50% de los afectados. Le siguen las contraseñas débiles (33%), el malware en el dispositivo (26%) y las violaciones de datos de servicios (25%). La ingeniería social aparece en el 18% de los casos.
Lo que estos números revelan no es solo la variedad de vectores, sino la combinación de factores que los hace posibles: errores del usuario, fallas de los servicios y ataques externos actúan de forma simultánea. El fraude al consumidor rara vez tiene una sola causa.
Un dato adicional que vale la pena subrayar: el 10% de las víctimas no sabe cómo le ocurrió. Esa cifra, aunque menor, es en cierta forma la más preocupante. Indica que una parte del fraude opera de manera completamente invisible para quien lo padece — lo que el informe interpreta como señal de una tendencia creciente hacia el sigilo y la automatización en los ataques.
Uno de cada tres fue contactado para lavar dinero
Este es quizás el dato más perturbador del bloque de consumidores. El reclutamiento de mulas de dinero —personas que permiten que fondos ilícitos transiten por sus cuentas bancarias— no es un fenómeno marginal en América Latina. Según la encuesta, casi 1 de cada 3 encuestados fue contactado directamente para mover fondos sospechosos.
La situación se agrava por una brecha de comprensión: aunque el 70% de los encuestados dice haber escuchado hablar del concepto de mulas de dinero, el 40% admite que no entiende bien qué significa. Conocen la palabra, no el mecanismo. Y esa diferencia es exactamente el espacio que los reclutadores explotan.
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Confíanza en los bancos.
Desconfianza en todo lo demás
El informe también midió los niveles de confianza de los consumidores latinoamericanos en distintos tipos de servicios digitales. Los resultados son reveladores.
Los servicios financieros obtienen el mayor nivel de confianza: el 81% de los encuestados expresa confianza alta o total en que los bancos protegen su información personal. Las compras en línea (77%) y las plataformas de viajes (70%) también se ubican relativamente alto, probablemente porque tienen mecanismos de protección visibles — sistemas de pago seguros, políticas de reembolso claras.
El contraste aparece en los extremos: las criptomonedas (66%), las redes sociales (59%) y las aplicaciones de citas (57%) generan desconfianza significativa. No es casual que las redes sociales sean al mismo tiempo el vector de fraude más frecuente y el servicio en el que menos se confía.
¿Quién debería protegerlos?
Frente a la pregunta de quién debería tomar la iniciativa en la prevención del fraude, la respuesta mayoritaria de los consumidores latinoamericanos es clara: el 51% considera que es una responsabilidad compartida entre empresas y gobiernos. El 31% atribuye la responsabilidad principal a las empresas y proveedores de servicios. Solo el 8% cree que le corresponde principalmente al gobierno, y apenas el 10% considera que cada persona debe hacerse cargo por sí sola.
Esa distribución tiene una implicación directa para la industria: el usuario latinoamericano no se percibe como el único responsable de su protección. Espera que el sistema lo cuide, y evalúa a los proveedores en función de si lo hacen. El 95% de los encuestados declara que elegiría un proveedor de servicios solo si este cuenta con medidas antifraude sólidas. Y el 89% prefiere los servicios en línea que implementan medidas estrictas de verificación.
Dicho de otro modo: la seguridad no es solo una obligación regulatoria. Es un criterio de elección activo para la mayoría de los usuarios de la región.
El costo que no aparece en los balances
La discusión sobre fraude en América Latina tiende a medirse en tasas de detección, en pérdidas económicas corporativas, en multas regulatorias. Esos números importan. Pero hay un costo que rara vez se cuantifica: el costo que paga el consumidor que no tiene equipo de riesgo, ni proveedor de tecnología, ni manual de respuesta a incidentes.
Ese costo se mide en cuentas bancarias vaciadas, en identidades digitales comprometidas, en datos médicos expuestos, en tiempo perdido intentando recuperar el control de una cuenta. Y, según los datos del informe de Sumsub, ese costo se está distribuyendo de manera amplia y acelerada en toda la región.
El fraude en América Latina no es solo un problema de las instituciones financieras. Es, ante todo, un problema de las personas que las usan.
