- El decreto «Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos» fija un cronograma para endurecer la identificación de migrantes en bancos y remesadoras
- Banxico reporta que el flujo hacia México sigue creciendo mes a mes
- Las claves para fintechs, bancos y proveedores de pagos transfronterizos
La política migratoria y fiscal de la administración Trump vuelve a poner en el centro del debate uno de los corredores de remesas más grandes del mundo. Una nueva orden ejecutiva firmada el mes pasada, sumada al impuesto del 1% a transferencias en efectivo que entró en vigor el 1 de enero, redibuja las reglas de acceso al sistema financiero estadounidense para millones de migrantes mexicanos y, con ello, las condiciones operativas para bancos, fintechs y proveedores de envío de dinero que dependen de este flujo.
Un corredor que sostiene a 5 millones de hogares
México cerró 2024 con un récord de remesas cercano a 62.500-65.000 millones de dólares, equivalente a 3.5% del PIB nacional y sostén directo de más de cinco millones de hogares, según estimaciones de BBVA Research recogidas por analistas del sector. En 2025 el flujo ya mostró una caída de alrededor de 4.6% frente al año previo, y el monto promedio por envío se ubica hoy cerca de 380 dólares mensuales. Para el ecosistema de pagos —desde remesadoras tradicionales hasta wallets digitales y agregadores de pagos transfronterizos— este corredor representa uno de los mercados B2C más rentables de la región, y cualquier fricción regulatoria tiene efectos de cascada sobre el volumen procesado.
Menos acceso bancario para migrantes sin estatus legal
La nueva orden instruye al Departamento del Tesoro a emitir, dentro de un plazo de 60 días, advertencias y regulaciones que limitarán el acceso de extranjeros sin documentación migratoria a productos financieros básicos: apertura de cuentas para transferencias electrónicas de bajo monto, créditos hipotecarios, de consumo y automotrices. Uno de los puntos más sensibles es la posible restricción al uso de la matrícula consular mexicana como identificación válida en sucursales bancarias, remesadoras y plataformas en línea, lo que obligaría a un segmento de la población migrante a tramitar pasaporte —un proceso más costoso y menos accesible— para mantener acceso a canales formales.
El cálculo de cuántas personas quedarían efectivamente «expuestas» varía según la fuente, pero el consenso entre analistas apunta a un universo acotado: de los 12.6 millones de personas nacidas en México que residen en Estados Unidos, alrededor de 8.1 millones ya cuentan con ciudadanía o residencia legal, y existen además unos 29 millones de mexicanos de segunda y tercera generación —ciudadanos estadounidenses por definición— que también envían remesas. Esto deja un núcleo de entre 20% y 25% de los remitentes potencialmente afectados, una cifra que coincide con las estimaciones que hablan de hasta 4 millones de migrantes en situación irregular como los más vulnerables a las nuevas reglas.
«Efecto limitado» vs. riesgo de caída: lecturas divergentes
Las proyecciones sobre el impacto real son notablemente distintas según el actor que las emite. Economistas de banca de inversión, citando a Carlos Serrano de BBVA Research, sostienen que el efecto será acotado: muchos hogares migrantes tienen estatus migratorio mixto, por lo que un familiar con ciudadanía o residencia podría asumir el envío en lugar de un integrante sin documentos. Bajo esta lectura, no se anticipa un colapso del corredor, sino una recomposición de quién envía y por qué canal.
En el otro extremo, organizaciones del sector comercial mexicano —como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes— han advertido que, si las restricciones entran plenamente en vigor entre septiembre y octubre de 2026 como se espera, el flujo formal de remesas hacia ciertas regiones del país podría contraerse hasta 20%. Para el comercio minorista y los negocios que dependen de remesas como fuente de liquidez diaria, esa diferencia entre un ajuste marginal y una caída de una quinta parte del flujo no es un detalle menor.
Impuesto del 1%: hasta ahora no ha frenado el flujo
Vale la pena separar dos políticas que suelen mezclarse en la cobertura mediática. La orden ejecutiva de mayo es una medida de acceso al sistema financiero, centrada en documentación e identidad. El impuesto del 1% a remesas, en cambio, proviene de la ley fiscal aprobada en julio de 2025 (la «One Big Beautiful Bill Act») y aplica desde el 1 de enero de 2026 exclusivamente a transferencias fondeadas con efectivo, money orders o cheques de caja —no a transferencias bancarias, tarjetas de débito/crédito ni billeteras digitales.
El dato relevante para la industria es que, a pesar de este impuesto ya vigente, el primer trimestre de 2026 registró un ingreso de remesas a México de 14,457 millones de dólares, un incremento de 1.4% respecto al mismo periodo de 2025. Es decir: el impuesto no ha generado, al menos en sus primeros meses, una contracción visible del flujo agregado, aunque sí incentiva una migración hacia canales electrónicos exentos del gravamen —un punto que los proveedores de pagos digitales pueden capitalizar activamente en su propuesta de valor frente a las remesadoras de efectivo tradicionales.
Ambas medidas —la orden ejecutiva de acceso financiero y el impuesto a remesas en efectivo— se inscriben en un momento político particular. Encuestas recientes de organizaciones como UnidosUS muestran una caída pronunciada en la aprobación de Trump entre votantes hispanos de cara a las elecciones intermedias de noviembre de 2026, con el costo de vida y la política migratoria como los dos factores que más pesan en esa percepción. Este contexto añade una capa de incertidumbre adicional sobre el rumbo regulatorio: no es descartable que, en los próximos meses, se anuncien medidas de carácter más favorable hacia los remitentes —ya sea vía exenciones adicionales, ajustes al cronograma de implementación o gestos dirigidos a suavizar el impacto sobre comunidades latinas— como parte de la estrategia electoral hacia los comicios de medio término. Para la industria de pagos, esto significa operar bajo un horizonte regulatorio que puede moverse en cualquier dirección entre ahora y octubre.
Impacto
Para los actores del ecosistema de pagos transfronterizos, el panorama abre al menos cuatro frentes de trabajo concretos:
Migración hacia canales bancarizados. Tanto el impuesto del 1% como la presión sobre la matrícula consular empujan a los remitentes hacia cuentas bancarias, tarjetas y wallets digitales —canales exentos del impuesto y menos expuestos al endurecimiento de requisitos de identificación. Las fintechs que ofrezcan onboarding simplificado y cuentas de bajo costo para población migrante tienen una ventana de oportunidad clara.
Mayor carga de cumplimiento. El Tesoro deberá publicar nuevas reglas en julio, lo que obligará a remesadoras, bancos y procesadores a actualizar sus protocolos de verificación de identidad (KYC) y reportes, en particular respecto a documentos aceptados como prueba de identidad para apertura de cuentas y envío de transferencias de bajo monto.
Riesgo de desplazamiento hacia canales informales. Si el costo y la complejidad de usar canales formales aumentan para el segmento sin documentación, el riesgo —señalado por varios especialistas— es un crecimiento de envíos informales (efectivo transportado por terceros, canales no regulados), lo que reduciría la base de transacciones formales sobre la que opera la industria regulada.
Ventana para corredores alternativos. El contexto refuerza el interés —ya presente en la agenda de innovación del sector— por corredores de remesas basados en stablecoins y rieles de pagos instantáneos como SPEI, que ofrecen costos y tiempos de liquidación competitivos frente a las comisiones tradicionales de cash-to-cash, y que no dependen del estatus migratorio del remitente para operar dentro de Estados Unidos.
